blog de la asociación urbanismo ciudadano de cuenca

sábado, 9 de febrero de 2008

CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE, QUEDA BIEN COMO SLOGAN, PERO NO ES UNA PRIORIDAD

Mar Soler y Soraya González,
Redacción DIAGONAL

A diferencia del PP, el PSOE no ha tenido ningún problema en asumir que la degradación medioambiental es un problema y que hay que proteger nuestro hábitat. Ha sabido desmarcarse del trasvase del Ebro (incluido en el Plan Hidrológico Nacional del PP), declararse antinuclear y abanderar la lucha contra el cambio climático. Pero a la hora de la verdad, de traducir las buenas palabras en políticas reales, Medio Ambiente ha seguido siendo el Ministerio ‘menor’ y las políticas medioambientales han estado supeditadas al crecimiento económico de la construcción y las grandes infraestructuras.

Del Ministerio de Medio Ambiente salieron muchas medidas y planes –pocas leyes– elaborados, seguramente, por personas competentes y que creen en lo que hacen. Pero como las recomendaciones que hace la ONU, todo, o casi todo, se queda en papel mojado. Muchas de las leyes y planes para proteger el entorno y nuestra salud que se han aprobado (Ley de calidad del Aire, Ley del Suelo, Planes de Movilidad, el Código Técnico de Edificación, etc.) dependen en su aplicación de las CC AA, lo que aumenta su arbitrariedad. Y los Ministerios con más fuerza, como Fomento e Industria (sólo hay que comparar las partidas presupuestarias de cada uno) cortocircuitan con sus planes estratégicos leyes y medidas de protección del entorno, como la Red Natura 2000. A continuación, un resumen sumario de las principales medidas.
TERRITORIO
En materia de gestión del territorio se han elaborado leyes que apuestan por la protección del entorno, como la Ley del Patrimonio Natural y Biodiversidad, mientras paralelamente se aprueban otras que persiguen sacar la mayor rentabilidad a costa de la destrucción del paisaje.
Se empezó con la retirada de Plan Hidrológico Nacional del Gobierno del PP, pero las políticas de urbanismo e infraestructuras que se han llevado a cabo quedan lejos de apostar por una nueva cultura del agua, que implica un cambio más profundo del modelo. Con una nueva Ley del Suelo que dice contrarrestar las tendencias especulativas, en realidad se está preparando el terreno para un nuevo boom inmobiliario a través del abaratamiento del suelo rústico. Se crean nuevas desaladoras para evitar la sobreexplotación de acuíferos y ríos, pero una gran parte de este agua es para cubrir servicios turísticos y nuevas urbanizaciones con campos de golf.

A principios de 2007 se aprobó la Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera con el objetivo de adecuarse a las directivas europeas y garantizar a la población un aire menos nocivo, pero se pasó por alto un punto que calificaron como “un error”: no se contemplaban ni los yates ni los aviones para el nuevo modelo de impuestos (ahora basándose en las emisiones de CO2 en vez de en la cilindrada). Tampoco parece coherente esta preocupación por la calidad atmosférica mientras se aprueba el Plan Estratégico de Infraestructura y Transporte que plantea la construcción de 6.000 km más de autovías y 9.000 km nuevos para líneas de Trenes de Alta Velocidad. Este plan ha obtenido todo tipo de denuncias por parte de la sociedad civil que no entiende cómo las construcciones previstas (muy lejos de las necesidades reales) son la primera etapa de un plan que, a partir de 2013, busca conducir el transporte hacia la sostenibilidad. ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO El Gobierno del PP nunca incluyó en su política nacional el problema del cambio climático, a pesar ratificar el Protocolo de Kioto en 2001 y comprometerse a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero un 15% respecto a 1990. Cuando el PSOE asumió la candidatura, las emisiones sobrepasaban el 45%. Lo tenía difícil, sí, y en cuatro años no se cambia un modelo de consumo y producción energética basado en el despilfarro y la dependencia de los hidrocarburos. Sin embargo, la preocupación que destilan sus discursos no se corresponde con las medidas adoptadas. Muchas son transposiciones de la directiva europea, con sus aciertos y sus coladeros. La entrada en vigor del mercado de comercio de emisiones europeo en 2005 ha exigido la elaboración de planes anuales donde se fijan los topes de contaminación a algunos de los sectores contaminantes. El Gobierno socialista no sólo ha aplicado sus rebajas en su segundo Plan (reducir las emisiones un 15% era demasiado y lo han dejado en un 24%), sino que ha sido muy benevolente con las empresas afectadas, especialmente con las eléctricas. Además de regalarles toneladas de derechos de contaminación gratuitos, les brinda todas las facilidades para cumplir Kioto sin dejar de contaminar. La herencia, por otra parte, de un mercado eléctrico liberalizado por el PP ha dejado a la discrecionalidad de las eléctricas (nacionales y extranjeras) la inversión en centenares de centrales térmicas por todo el territorio más allá de las necesidades energéticas. Conseguir que en 2010 el 12% de la energía primaria sea producida con fuentes renovables es insuficiente si sigue una política continuista del PP en el sector energético. Tampoco se ha regulado seriamente la contaminación del transporte (principal responsable del calentamiento global) ni el consumo energético residencial (ambos no incluidos en la directiva europea), pero el Código Técnico de Edificación es un paso adelante en eficiencia energética. Ha sido importante que la postura oficial no sea pronuclear. Pero si no se han construido más centrales nucleares ha sido porque no son rentables en un sector liberalizado. Otra cuestión es el cierre de las centrales existentes.

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

En marzo de 2007 se aprobó la Ley de Responsabilidad Ambiental (ver DIAGONAL nº 53) como respuesta al mandato constitucional según el cual la ciudadanía tiene derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado. Quienes lo impidan están obligados/as a reparar los daños causados (Art.45.3). “Quien contamina paga”, lo cual es todo un avance legislativo en términos ecológicos. Sin embargo, sólo se circunscribe al territorio español, un gran vacío que los grupos ecologistas han denunciado, ya que implica que la larga lista de transnacionales españolas que realizan sus actividades fuera del Estado quedan exentas de responsabilidades. Tampoco se considera la posible contaminación nuclear ni la que afecta a la atmósfera ni a las aguas marinas. Casos derivados de las actividades de defensa nacional o seguridad internacional, de traslado de residuos fuera de la UE, de contaminación por hidrocarburos o por transporte de sustancias nocivas o potencialmente peligrosas quedan también fuera de la legislación. Para el resto de casos, en los que se exigirán responsabilidades por ley, se reserva una cláusula que establece que la Administración podrá eximir del pago del agente contaminante cuando lo considere necesario.

LOBBY ECOLOGISTA EN LA RECTA ELECTORAL
Muchos grupos sindicales y ecologistas comprometidos, sin cesar su labor de denuncia en la ‘calle’, han aprovechado el buen talante del Gobierno de Zapatero para estar en mesas de negociación y tratar de incluir sus propuestas ecológicas. Como otros años, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF/Adena, han elaborado un ‘recetario’ de propuestas con el objetivo de alimentar el debate ambiental durante la campaña previa a las elecciones.
* Reducción drástica de las emisiones de efecto invernadero, ahorro energético y renovables: con una ley (no planes ni medidas) contra el cambio climático sin parches de lavado verde, una planificación energética, una ley de energías renovables, una fiscalidad ecológica y una moratoria de centrales térmicas, además del cierre de las nucleares.
* Movilidad sostenible: revisando el PEIT y paralizando las obras que atentan contra el Plan sobre Red Natura 2000, con una Ley de Movilidad Sostenible.
* Aire limpio: con una ley que regule los Planes de las CC AA y municipios y aplicando la directiva sobre techos nacionales de emisión, sistemáticamente incumplida.
* Urbanismo responsable y biodiversidad: con un plan de jueces especializados en especulación y un Plan Nacional del Patrimonio Natural y una Oficina española de Especies Amenazadas.
* Nueva cultura del agua:con una nueva Ley del Agua y la restauración del dominio público hidráulico.
* Agricultura sostenible: con un Plan Nacional de Reducción de Agroquímicos.

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