MAS SOBRE EL HOSPITAL

Golpe de efecto de Barreda, el nuevo Hospital de Cuenca estará ubicado en “El Terminillo”

Cuenca News
El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, y el presidente de la Diputación de Cuenca, Juan Ávila, anunciaron hoy en la sede de la institución provincial, la construcción del nuevo Hospital Universitario de Cuenca en la parcela ‘El Terminillo’. El presidente Barreda expresó la voluntad política de su Gobierno para hacer el nuevo hospital y, además, empezar a trabajar en ello cuanto antes y aseveró que no escatimará en esfuerzos para cumplir con el compromiso que adquirió con los conquenses.Los terrenos, cesión de la Diputación provincial, ocupan 103 hectáreas de las que unas 49, las ubicadas entre el río Júcar y la carretera de circunvalación, irán destinadas al futuro hospital. El espacio restante podría destinarse a otras infraestructuras deportivas como la piscina cubierta, el Palacio de Exposiciones y Congresos, con servicios hoteleros, un Centro de Atención a la Infancia y servicios comerciales, entre otras actuaciones.De esta forma, el nuevo centro sanitario conquense se ubicará en una zona muy bien comunicada, ya que contará con accesos desde la Ronda Oeste, para quienes vayan desde la capital, así como desde la circunvalación, para los usuarios que provengan de la provincia sin necesidad de cruzar la capital. Para agilizar los trabajos de cesión de terrenos de una Administración a otra y poder empezar con la ejecución de las obras lo antes posible, el Gobierno de Castilla-La Mancha declarará en Consejo de Gobierno el Proyecto de Singular Interés, lo que propiciará una mayor celeridad en las gestiones.Además, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha autorizó el 8 de mayo de 2007 una inversión de casi 6,3 millones de euros para la elaboración del Plan Funcional, así como para la redacción del proyecto y dirección de obras de la construcción del nuevo hospital de Cuenca. “La Administración no habla, la Administración escribe” dijo el presidente de Castilla-La Mancha quien, tras agradecer al presidente de la Diputación provincial la cesión de terrenos, reconoció la preocupación en el Ejecutivo regional al no encontrar un camino para empezar las obras del Hospital que comprometió hace un año, debido al bloqueo de la nueva Corporación municipal, que cambió los terrenos que se iban a destinar al Hospital, pero que aún no ha cedido.Por y para mejorar la calidad de vida de los conquenses“Esta decisión se toma para mejorar la calidad de vida de los conquenses y prestar un servicio en condiciones”, dijo el presidente de Castilla-La Mancha, que se mostró esperanzado en una reacción positiva, sensata y responsable del Ayuntamiento de Cuenca.Se trata de una de las principales obras civiles que se van a llevar a cabo en la provincia de Cuenca, además de tener efectos positivos para la dinamización de la ciudad. “En esta actuación no vamos a escatimar en inversiones” rubricó el jefe del Ejecutivo autonómico.La nueva infraestructura sanitaria tendrá un presupuesto superior a los 130 millones de euros y supondrá una gran mejora en la atención sanitaria para la población de la capital y la provincia.En un tono muy positivo se mostró también el presidente de la Diputación conquense, Juan Ávila, al advertir que los terrenos cedidos son propiedad de la institución provincial y que las gestiones que a esta administración competen para su cesión, estarán finalizadas a finales del próximo mes de mayo para que, a partir de ese momento, la Administración autonómica empiece a trabajar con la elaboración del Plan Funcional y declaración del Proyecto de Singular Interés y a continuación levantamiento de la obra.“La calidad de los servicios públicos pasa por una correcta y estrecha colaboración institucional”, afirmó Ávila.En la misma línea de aprobación y optimismo se pronunciaron los representantes sindicales de CCOO y UGT, Pedro Lucas y Miguel Blanco, respectivamente, para quienes el anunció de hoy es bueno para la población de Cuenca porque repercute directamente en la mejora de servicios y prestaciones sanitarias. Del mismo modo destacaron el calificativo que recibirá el proyecto lo que conllevará una notable agilidad en la ejecución de las obras.La futura infraestructura sanitaria contará con más de 33.000 metros cuadrados destinados a hospitalización, 3.700 a urgencias, la misma cantidad al área quirúrgica y más de 7.300 a hospitales de día.Desde el año 2002 al 2007 el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha incrementado la plantilla del Hospital Virgen de la Luz en 365 profesionales sanitarios, de 1.079 con los que se contaba en 2001 a los 1.444 del año 2007, lo que supone un incremento del 25 por ciento.

URBANISMO CIUDADANO VUELVE A OPINAR SOBRE LOS TERRENOS PARA EL HOSPITAL

NOTA DE PRENSA

URBANISMO CIUDADANO considera que es necesario y posible desvincular la obtención de terrenos para el Hospital, de cualquier operación urbanística que implique la reclasificación de suelo para construir viviendas.

El pasado 15 de noviembre de 2007 hacíamos pública nuestra posición previa sobre este asunto, hasta que fuera sometida al obligatorio trámite de información pública la modificación correspondiente del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente. Una vez que se ha iniciado este trámite, volvemos a manifestar nuestra opinión.

Decíamos que no es necesario ni imprescindible que el Ayuntamiento de Cuenca le ceda terrenos a la Administración Regional, ni tampoco es necesario la delimitación de áreas de reparto que reclasifiquen terrenos para usos residenciales, para que el Ayuntamiento pueda obtener suelo para equipamientos.
El Gobierno Regional con la Ley en la mano, puede aprobar un Proyecto de Singular Interés en los terrenos que considere idóneos, sin necesidad de esperar a que el Ayuntamiento se los ceda. Y el Ayuntamiento de Cuenca, con la misma Ley, puede delimitar una reserva de suelo, para obtener los terrenos necesarios para el Hospital, sin tener que reclasificar otros terrenos.

Igualmente manifestábamos que el proyecto de Plan de Ordenación Municipal (POM), no otorga derechos a ningún propietario, pues no está aprobado y por lo tanto, no es obligatorio ni necesario someterse a sus estipulaciones, que además han generado un amplio rechazo social. Lo mejor que se puede hacer con ese proyecto de POM es reciclarlo, hasta que sea incluso irreconocible.

En el tiempo transcurrido desde entonces, estamos asistiendo a un espectáculo poco edificante que viene a demostrar lo que decíamos: Que lo que tratan no es sólo de construir un hospital, sino que amparándose en ello, intentan justificar beneficios especulativos innecesarios para la obtención de este suelo.
Y esto es válido para la Corporación actual y para la anterior. El convenio firmado por el anterior Alcalde proponía la aprobación de dos áreas de reparto de uso residencial que reclasificaban 11.889.828 metros cuadrados de suelo.
La modificación que propone esta Corporación, supone la delimitación de un área de reparto que reclasifica 410.420 metros cuadrados de suelo.
Los dos convenios necesitan de la tramitación de una modificación puntual del vigente PGOU, tramitación que no es corta en el tiempo, y en el caso del convenio de la anterior Corporación, por la amplitud de la reclasificación exigida, además hubiera sido inviable, porque habría necesitado la aprobación previa del nuevo POM, cuestión ésta que también requiere su tiempo.
Para hacerse una idea de lo que esta decisión supone y con los parámetros que se utilizan para calcular la valoración del aprovechamiento urbanístico que se le asigna a estos terrenos, decir que pasarían a tener un valor, (una vez descontados los deberes de urbanización y de participación de la comunidad en las plusvalías), de aproximadamente 60 millones de euros.
Es cierto que esta edificabilidad es la que le otorga el proyecto del nuevo POM, pero como hemos dicho anteriormente, ese POM no está aprobado y no obliga a nadie. Lo que sí es obligatorio, de continuar con esta tramitación, es la publicación de los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas desde hace cinco años.

URBANISMO CIUDADANO no se pronuncia de momento por una ubicación concreta por lo siguiente:
· Se desconoce la propuesta básica de la Consejería de Sanidad, que permanece en un mutismo inaceptable e inexplicable. Sería necesario conocer el espacio que se necesita y el destino de las actuales infraestructuras sanitarias. Este mutismo sería imperdonable, si al final se constatara que esta infraestructura es posible construirla en los terrenos existentes junto al actual Hospital, que ya están disponibles.
· El proyecto de POM que tanto gusta a algunos, no ha planteado ni ha previsto este nuevo Equipamiento, no habiendo sido por lo tanto objeto de estudio la mejor ubicación en función del modelo de ciudad.

En este sentido, lo que si podemos y debemos decir en estos momentos sobre la ubicación concreta, es que debería buscarse un lugar con buenos accesos, manteniendo la compactación con la ciudad y que por ello no genere excesivos desplazamientos, así como que contribuya al necesario equilibrio funcional.

Por último, reclamamos al Ayuntamiento y a la Junta de Comunidades, que mediante el diálogo al que están obligados, y con los instrumentos legales y económicos de que disponen, no demoren más la construcción del nuevo Hospital, dando una solución rápida y satisfactoria, libre de reclasificaciones innecesarias.
No puede mantenerse por más tiempo esta situación, con las necesidades ciudadanas secuestradas por el sectarismo político, aderezada además por la desinformación interesada.

Cuenca, 20 de abril de 2008

BARREDA PRESTA AYUDA A LOS ESPECULADORES

Barreda propone crear viviendas público-privadas asegurando la compra al promotor y con garantías en construcción

TOLEDO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, propuso hoy un "gran acuerdo por la vivienda" en la Comunidad Autónoma, en el que se incluya la creación de una nueva tipología de vivienda, que denominó "de iniciativa público-privada", que contará con garantías de compra y financiación para su construcción.
Así lo avanzó Barreda en las Cortes, minutos antes de que se aprobase, por unanimidad de PP y PSOE, el Proyecto de Ley de creación de la Empresa Pública de Gestión de Suelo de Castilla-La Mancha, por cuya consecución felicitó a los grupos parlamentarios y aprovechó para anunciar su propuesta.
Ese gran acuerdo, según desveló, quiere contar con todos los agentes sociales, empresarios, sindicatos y todos aquellos que construyen las viviendas, las fuerzas políticas y los grupos parlamentarios "si lo desean", convencido de que las 40.000 personas que demandan vivienda en la región necesitan de este esfuerzo de unidad y consenso.
En él se incluirá esa nueva tipología de vivienda de iniciativa público-privada, en las que el Gobierno asegurará a los promotores "que las vamos a comprar o les vamos a facilitar un comprador", o de lo contrario, el Ejecutivo garantizará la compra, lo que supondrá, según Barreda, "un gran estímulo".
Junto a esta garantía de que la vivienda tenga "salida cierta" en el mercado, pudiendo ofrecérsela después a los demandantes del registro, el Gobierno autonómico se compromete a garantizar la financiación para su construcción, junto a un amplio paquete de medidas y refuerzos legales, entre ellas la de la LOTAU, para fin de ofrecer "soluciones realistas y eficaces".
José María Barreda apostó por solucionar un problema que se ha planteado en un "momento de recesión" que afecta en toda España y en Castilla-La Mancha de manera particular a las industrias auxiliares que dependen del sector y de ahí la necesidad de colaborar desde la administración y por eso "este gran acuerdo", subrayó.

SOBRE LA CORRUPCIÓN

LA CORRUPCIÓN COMO INSTITUCIÓN

“Según el economista Sigfried von Ciriacy-Wantrup, la política de suelo tenía que llevarse a cabo, en gran medida, influyendo en las decisiones de los gestores privados del suelo. Para ejercer dicha influencia apuntaba dos vías. Una primera a través de las fuerzas económicas que influyen en la toma de decisiones privadas: el mercado, el crédito, la tributación, los constructores de infraestructuras y las instituciones que gobiernan la propiedad, la venta y el arrendamiento de tierras. A estas las identifica como instrumentos indirectos. Una segunda a través de ordenanzas, leyes y regulaciones que restringen u obligan directamente a las decisiones privadas, a las que denomina instrumentos directos.
Ciriacy-Wantrup tiene razón, al menos para el caso que nos ocupa, cuando se quejaba de la atención se centrase en los instrumentos directos. Un enfoque tan limitado significaba para este autor la renuncia a una política de suelo más efectiva. El enfoque infravaloraba dos cuestiones: la motivación y el comportamiento de los gestores privados y el conjunto de los instrumentos indirectos, Ignorar este segundo aspecto agravaba la cuestión por cuanto los instrumentos indirectos se convertían, por lo general, en verdaderos obstáculos de la política de suelo.
La reciente lectura del artículo “The rotten institutión: corruption in natural resource management” del geógrafo Paul Robbins, me permitió identificar la institución de la corrupción como variable explicativa a la hora de comprender algunas de las motivaciones y comportamientos de los gestores del suelo. La corrupción no significa para este autor ausencia de normas. Al contrario, ésta, cuando existe, es una institución, un sistema normalizado de reglas transformadas desde la autoridad pública y consolidada a través de la cooperación y la confianza. Aceptar la acepción de “ausencia de normas” significaría que el investigador se queda sólo con la necesidad de explicar por qué ciertas reglas no se cumplen y/o no se hacen cumplir. En cambio, introducir la corrupción como variable explicativa obliga a centrar el análisis en el fenómeno de la transformación de la regulación legal (las reglas de iure) en formas corruptas (reglas de facto). De esta manera, las reglas de facto que gobiernan los intercambios corruptos se fraguarían a partir de los recursos sociales proporcionados por las reglas de derecho mediante la adaptación de éstas a los contornos del poder.
La confianza y la cooperación son prerrequisitos para la corrupción. Los corruptores y los corrompidos deben establecer la suficiente confianza en que los contratos serán respetados y que nadie invocara restricción legal alguna. La cooperación es entendida en este contexto como la que se produce entre los individuos, las empresas y los gobiernos, que llegan a un acuerdo sobre el conjunto de reglas –un “contrato”- el cual no necesita ser escrito pero que pude ser establecido como consecuencia del hábito, de experiencias exitosas previas, del ensayo y error, y de otros mecanismos. La cooperación se fundamenta en la confianza. No obstante ambas partes se dotan, por lo general, de un seguro para cubrir la posibilidad de que la cooperación y la confianza fallen en algún momento: una política disuasoria de represalias permanentemente actualizada, de armas arrojadizas que amenazan en utilizar en cuanto una de las partes del contrato amenace con utilizar la suya”................

“Este enfoque de la corrupción abre una agenda de preguntas del tipo: ¿Se puede afirmar que las reglas de derecho se han ido transformando en un conjunto de reglas de intercambio extra-legales estables, enraizadas en sistemas locales de poder?. ¿Cuánto de corrupción de facto ha ido ocupando los intersticios creados por la distancia entre el dicho y el hecho: la distancia entre los objetivos de la ordenación racional del territorio y la protección ambiental de los recursos (la regla de iure) y las formas corruptas que adopta la configuración del interés general de los instrumentos de ordenación (reglas de facto)?. ¿Estamos ante un marco caracterizado por disponer de legislación por doquier que no se cumple, pero sí las reglas de hecho, que se han ido construyendo al calor de un principio mal entendido de subsidiariedad, de marcos legales favorecedores que se retroalimentan (legislación sobre financiación de los partidos, régimen local y presupuestos municipales, planeamiento urbanístico)?. ¿Es esa “distancia” la que ha permitido instituciones en las que se mueven como pez en el agua especimenes que no son ni políticos, ni empresarios?”

Extractos del artículo de Juan Sánchez García en “Rebelión”
24-12-2006

LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA ES LA CONSECUENCIA DE LA CORRUPCIÓN DEL URBANISMO

FERNANDO GAJA I DIAZ

Arquitecto. Profesor de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia

¿Cuáles son los motivos de la epidemia de corrupción urbanística que se extiende (casi) por doquier? Sin una reflexión sobre sus causas mal podremos proponer medidas, salvo que se trate de aprovechar el río revuelto para conseguir otro tipo de objetivos. La corrupción urbanística está vinculada al hecho de que las decisiones de la Administración en esa materia generan inmensas plusvalías. Como por arte de magia, o cual milagro multiplicador de panes y peces, un acuerdo municipal que recalifique unos terrenos supone instantáneamente un aumento de su valor que desborda los márgenes de beneficio de cualquiera otra actividad o negocio. No hace falta invertir, ni producir nada; una simple decisión administrativa milagrosamente multiplica el precio del suelo. Y entonces, ¿por qué estas plusvalías que asombrosamente crea la Administración no son incorporadas a su patrimonio, máxime si estamos hablando de una Administración democrática que, como nos recuerda Hacienda cuando de cobrar se trata, somos todos?, ¿por qué se regalan a unos particulares que nada han hecho para apropiárselas? Ésta es la clave de la corrupción urbanística, su última ratio: una decisión de un organismo público hace que el precio de suelo multiplique su valor instantáneamente. Como cínicamente decía hace poco un concejal de Urbanismo pillado in fraganti en un pueblo de la Comunidad de Madrid, su voto no iba a ser gratuito, y añadía con total desparpajo, que si hay regalos para unos agentes urbanos -que nada han hecho para merecerlo-, él también quería participar. El urbanismo moderno, el de la sociedad industrial, el único que tenemos y conocemos, se construye con el objetivo central de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, dotándolos de equipamientos, de las infraestructuras que mejoran el hábitat urbano. Eso justifica que la Administración intervenga y regule un sector económico del volumen y la fuerza de la construcción -pese a las reticencias y resistencias que ya en el siglo XIX se oponen-. Pero en el último cuarto del siglo XX estos principios fundacionales se han alterado, se han corrompido: el urbanismo deja de ser fundamentalmente un servicio guiado por el interés de los ciudadanos para transformarse en una potente herramienta al servicio del sector inmobiliario, su desarrollo, crecimiento y enriquecimiento. Si no entendemos este cambio, estaremos condenados a pensar que la corrupción urbanística, como patología social, es resoluble exclusivamente en términos de represión penal. Mientras el urbanismo sea conceptuado y gestionado como una máquina de enriquecimiento, de fomento económico, existirá la corrupción urbanística, porque ese negocio inmobiliario, a diferencia de otros, requiere la intervención de los poderes públicos, o los solares seguirían siendo campos o montes. La corrupción urbanística no acabará mientras la práctica del urbanismo no recupere lo que fueron sus objetivos fundacionales, hoy abandonados. Los planes han dejado de preocuparse por la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos (¿quién se atreve a plantear hoy una intervención para hacer la ciudad más amable, más acogedora, más vivible?), y han sustituido estos objetivos que fueron los que dieron sentido y vida al urbanismo por otros: por la competitividad, la captación de inversiones, el marketing urbano? El análisis de lo que los anglos llaman key words (palabras claves) en los planes e intervenciones urbanísticas contemporáneos lo confirman plenamente. Júntense las dos razones expuestas: un urbanismo que ha abandonado sus objetivos, su razón de ser, para ponerse al servicio del sector inmobiliario (el urbanismo a la carta preconizado en la LRAU), y la ausencia de mecanismos que permitan que las plusvalías generadas por las decisiones urbanísticas queden en manos de quien las toma, y la corrupción está servida. Pero no se hable de corrupción urbanística, ni se presente como un problema que deba ser combatido exclusivamente por vía de la represión penal. Estamos ante un proceso de perversión del urbanismo, una evolución que inevitablemente nos aboca a la corrupción inmobiliaria. La corrupción urbanística no es más que la consecuencia de la corrupción del urbanismo

EL RECINTO FERIAL EN EL DIARIO "EL ECONOMISTA"

Diario “El Economista”
LUNES, 7 DE ABRIL DE 2008

Freno a una obra emblemática de Moneo en Cuenca
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La Confederación
Hidrográfica del Júcar
frena los planes
del Ayuntamiento
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Alejandra Ramón
MADRID. La Confederación Hidrográfica del Júcar ha denegado la autorización para las obras que ejecuta Acciona de El bosque de acero, recinto ferial diseñado por Moneo, ya que existe riesgo “de inundación y de que se puedan producir graves daños sobre las personas y los bienes”. El informe que no solicitó el Ayuntamiento, bajo el mandato socialista, llega por las denuncias de varias asociaciones.
Aunque el actual alcalde popular Francisco Javier Pulido, ha trasladado tranquilidad a los dos afectados, Acciona y Moneo, también ha afirmado “que existe una pequeña posibilidad de cambiar los planteamientos”. La constructora se ha visto obligada a paralizar momentáneamente las obras hasta que se solucionen los problemas y confía en que todo quede en una simple anécdota. Mientras todo se soluciona, los trabajadores continúan con sus tareas en los talleres.
El presupuesto superaba los 7 millones de euros y el Ayuntamiento consiguió la financiación gracias al capital aportado, según convenio, por una constructora local (Davecon) que desea, a cambio, edificar en los terrenos colindantes. El problema es que existe un informe jurídico firmado por el Jefe de Servicio de Gestión y Disciplina de la Gerencia Municipal de Urbanismo que asegura que “en el caso de que las cláusulas del convenio no pudieran hacerse efectivas, podría generarse un supuesto de responsabilidad del Ayuntamiento, el cual debería devolver la cantidad adelantada”. De esta forma, el Consistorio podría quedar en bancarrota con una deuda millonaria a favor de Davecon, que adelanto 4 millones, y que quiere construir bloques de viviendas, en esos mismo terrenos, clasificados como zonas verdes y de equipamiento.

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