descontrol y el uso para fines no legales imperan en la gestión del suelo
El presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez, presentó esta semana ante el Congreso de los Diputados un informe de fiscalización del Patrimonio Municipal del Suelo (PMS) que pone a las claras el descontrol que impera en la inmensa mayoría de ayuntamientos españoles, incluido Toledo, a la hora de gestionar este recurso que en principio está concebido para «intervenir en el mercado inmobiliario» construyendo vivienda protegida o, en todo caso, para usos de interés social.
Núñez explica que la fiscalización alcanzó a 144 ayuntamientos de los que «sólo el 15% tenían formalmente constituido el PMS» (Toledo no está entre ellos) y exclusivamente el 30% realizan un inventario que permite identificar y controlar los bienes inmuebles del PMS «diferenciados del resto de bienes municipales». Sin embargo es pura apariencia porque estos registros son tan deficientes que ni siquiera ofrecen datos sobre derechos y cargas de los bienes, ni contienen una valoración correcta. «Únicamente nueve ayuntamientos mantenían permanentemente actualizados sus inventarios, en cuanto a los bienes que los integran».
Más aún, existe «una falta generalizada de control» sobre otros recursos que debían formar parte del PMS, como los ingresos obtenidos por la venta de aprovechamientos urbanísticos e inmuebles, «lo que hace que no pueda conocerse si se destinaban a las aplicaciones fijadas legalmente» para ellos. Con esa coartada, 57 ayuntamientos de los fiscalizados «no identifican las partidas del presupuesto de gastos que financian con recursos del PMS y 41 no llevan un seguimiento de los proyectos de inversión afectados a dicha financiación».
Hay otro problema, y es que la normativa de cada Comunidad es distinta y «ampara» bajo la denominación de PMS cuestiones que poco tienen que ver con el origen del inventario, facilitando el desvío de recursos hacia fines discutibles.
Según el Tribunal, el 16,3% de los recursos generados por enajenaciones se destinó a construcción de vivienda con algún tipo de protección, el 20,7% a vivienda libre, el 8,8% a la conservación del Patrimonio y el 3,5% a otros fines de interés social, más o menos todo en consonancia con las diferentes legislaciones.
Fines oscuros.
Pero «ha de resaltarse -dice Núñez- que el 18,4% restante fue utilizado para otras finalidades públicas cuya financiación no estaba prevista legalmente en los posibles destinos a dar a esos fondos». Seguramente a los antiguos responsables de IU de Toledo esta afirmación les suena exactamente a lo mismo que ellos denunciaron durante años hasta lograr que los juzgados les dieran la razón.
Ante este panorama, Núñez considera imprescindible «intensificar todo tipo de medidas, normativas de supervisión y de responsabilidad en la gestión que conduzcan a corregir lo antes posible las numerosas deficiencias encontradas y a tener un control más preciso sobre los bienes y derechos y conforman el PMS».
Como guía, el Tribunal hace una serie de recomendaciones que empiezan dirigiéndose a las Comunidades Autónomas para que adapten su normativa a la nueva ley del suelo nacional, sobre todo para «acotar» los llamados usos de interés social «a fin de evitar interpretaciones y aplicaciones contrarias a la ley».
En segundo lugar considera necesario que todos los ayuntamientos constituyan el Patrimonio Municipal del Suelo acompañado de in inventario inicial que incluya los recursos no inmobiliarios.
Y aconseja a los ayuntamientos que consignen en el presupuesto los ingresos que prevén liquidar por la gestión del PMS y que incluyan los proyectos de inversión financiados por esta vía.
Para Núñez, esta fiscalización «ofrece una imagen, por desgracia bastante amplia, de la preocupante situación en que se encuentra la gestión del PMS». Recuerda que se trata una fuente habitual de financiación municipal pero también de «materia sensible» que ha dado lugar a casos de corrupción.
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