Javier Romera / Alejandra Ramón 9:40 - 1/04/2009
El Economista
La caja se jugó su futuro con la concesión de préstamos de alto riesgo en el sector inmobiliario a empresarios ligados a la Junta durante los Gobiernos de José Bono y José María Barreda. Y le ha salido mal. En total, según fuentes próximas al consejo de administración de la entidad, se concedieron más de 1.100 millones de euros a siete empresarios afines, con los que, en algún caso, CCM mantiene incluso negocios en común.
Se trata, por ejemplo, de Domingo Díaz de Mera, promotor del aeropuerto de Ciudad Real y mano derecha de Luis Portillo en su desembarco en la inmobiliaria Colonial; los hermanos Antonio e Ignacio Barco Fernández, que participan también en el aeropuerto y que están vinculados a un importante grupo mediático en Castilla-La Mancha, con medios como El Día de Cuenca, El Día de Albacete o El Diario de Ciudad Real.
También Román Sanahuja, antiguo accionista de referencia de Metrovacesa o Aurelio González Villarejo, otro de los empresarios que participó en la entrada en Colonial y que desarrolla actualmente varios planes urbanísticos en la comunidad.
La Ley de Cajas de la región permite a la Junta "someter a autorización previa la concesión de grandes créditos o la concentración de riesgos en una persona o grupo". Además, obliga a las entidades a remitir a la consejería competente "cuantos datos, balances, estados financieros e informaciones sobre su actividad y gestión sean necesarios para el ejercicio de su competencia", estando obligada, al menos, a facilitar toda la información que se remita al Banco de España.
La Junta se escuda, sin embargo, en que no conocía suficientemente el riesgo de los créditos, por lo que no pudo impedirlos.
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