Extracto de artículo publicado en www.rebelion.org
LA POLÍTICA ESTATAL DE VIVIENDA
Luis Zarapuz
Rebelión
La política del partido en el gobierno en materia de vivienda se ha movido entre los deseos de realizar una política en parte diferente a la de sus antecesores, la apuesta mediática –que no real- por la vivienda y la imposibilidad de romper con el lobby inmobiliario y constructor, a cuyos intereses ha respondido tradicionalmente la política de vivienda de este país. Un “quiero y no puedo” salpicado de espectaculares anuncios mediáticos que de momento no han dado generado resultados positivos. Ha sido la propia evolución del mercado inmobiliario (la carestía desbordada de la vivienda) y la subida de los tipos de interés las que han terminado por poner freno a la especulación inmobiliaria. El problema es que el parón es coyuntural (la subida de tipos ha frenado el precio) y hasta cierto punto no es tal (seguimos pagando lo mismo, es decir lo máximo que nos permiten nuestros ingresos, lo que ocurre es que se está reajustando la distribución entre principal e intereses).
La política estatal en materia de vivienda se articula mediante dos ejes de actuación: la política directa de vivienda y el gasto (beneficio) fiscal en vivienda. Ésta última es la que concentra el grueso del gasto público en vivienda. Esta apuesta por el gasto fiscal vacía de contenido la política de vivienda: Los resultados reales obtenidos son contrarios al objetivo que dice defender.
Este año resulta especialmente difícil concretar/estimar el gasto público en vivienda ya que una parte relevante del mismo se ha presentado con posterioridad al proyecto de Presupuestos y no aparecen reflejados en él. Además, algunas de las medidas no han sido incorporadas porque el Gobierno no ha sabido estimar el gasto que supondrán.
Política de acceso a la vivienda y fomento de la edificación
La política estatal de acceso a la vivienda y fomento de la edificación dispondrá de una previsión total de fondos de 1.369,0 millones (+10% nominal) lo que supone el 0,122% del PIB previsto para 20082. El crecimiento del gasto de esta política es inferior al de años anteriores, pero en esta cifra no están incluidas todas las partidas atribuibles a la política de vivienda.
El Plan de vivienda estatal (2005-2008) articula la política de gasto directo en vivienda del Gobierno Central y se dota a través del programa presupuestario 261N Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a la vivienda. El año 2008 es el último de aplicación del Plan actual, que preveía un objetivo anual de 180.000 actuaciones para facilitar el acceso a la vivienda (720.000 en los cuatro años) con una previsión de gasto acumulado de 6.822 millones (el doble que el Plan 2002-2005).
Según el proyecto de Presupuestos, la mayor parte de los recursos del Plan de Vivienda van destinados masivamente a favorecer el acceso a la vivienda en propiedad, con una apuesta mínima por el alquiler, como la propia Ministra de Vivienda ha reconocido3. Para 2008 el Plan de vivienda destina sus fondos principalmente a:
487 millones de euros en transferencias de capital a las Comunidades Autónomas para compra y rehabilitación de viviendas.
417 millones de euros para sufragar la Ayuda Estatal Directa a la Entrada (compra de vivienda).
323 millones de euros en subsidiación de intereses de préstamos hipotecarios (compra de vivienda).
A partir de los datos del Ministerio de Vivienda acerca del Plan de apoyo a la emancipación e impulso al alquiler, se aporta una estimación del coste de estas medidas ya que en el proyecto de Presupuestos no figura previsión alguna. La estimación para el primer año de la renta para la emancipación (210 euros por contrato de alquiler suscrito por jóvenes de 22 a 30 años) es de 436,5 millones de euros (411 millones de renta derivada de 180.500 contratos de alquiler más 25,5 millones del aval y el préstamo para la fianza). La estimación para el primer año de la deducción fiscal para inquilinos es de 348 millones y se prevé que afecte a cera de 700.000 familias.
Además el Gobierno ha fijado una ayuda de 350 euros al año a los ciudadanos que perciban una pensión no contributiva y que residan en una vivienda en alquiler. La cuantía de la ayuda y el reducido número de pensionistas que cumplen los requisitos fijados provocan que esta medida no tenga un impacto real y presupuestario relevante.
El grueso del gasto público en materia de vivienda se articula mediante beneficios fiscales: la previsión oficial para 2008 es de 4.464,5 millones (sin incluir los supuestos beneficios fiscales asociados al menor IVA por compra de vivienda). Si añadimos una estimación de las deducciones fiscales en el IRPF no reflejadas correctamente en los Presupuestos (ayudas al alquiler a inquilinos y propietarios, desgravación compra vivienda habitual4) el importe real de los beneficios fiscales destinados a vivienda en 2008 alcanza un mínimo de 6.680,00 millones de euros (un 50% más que el dato recogido en los Presupuestos).
De este gasto fiscal en vivienda la gran mayoría –más del noventa por ciento- va destinado a subsidiar la compra. No obstante, es cierto que el gasto fiscal destinado al alquiler ha aumentado sensiblemente en el último año, merced a la introducción de desgravaciones adicionales a los propietarios que alquilen a menores de 35 años y a la nueva deducción fiscal a los inquilinos.
Los beneficios fiscales en el IRPF destinados a la vivienda en propiedad o alquiler son un mecanismo injusto e ineficiente de contribuir a la política pública de vivienda. Son injustos porque benefician en mayor medida a las personas con mayor capacidad de gasto en vivienda (es decir con más renta) y con mayores tipos impositivos y cuotas íntegras, mientras que las personas con menores ingresos y por tanto menor gasto absoluto en vivienda y menores retenciones y tipos impositivos se benefician en mucha menor medida real de estas deducciones. Y son ineficientes porque este tipo de deducciones, tal y como están planteadas, encarecen el coste de la vivienda (compra, alquiler) y suponen una transferencia de rentas desde el Presupuesto del Estado, pagado por todos, a los propietarios que venden/alquilan las viviendas y que previsiblemente se apropian de dichas ayudas vía incremento de precio, en un marco de oferta de viviendas constante o con aumentos inferiores a los de la demanda.
Un ejemplo claro de esta situación lo constituye la nueva deducción fiscal en el IRPF al pago del alquiler. Va dirigida a los inquilinos con bases imponibles inferiores a 24.020 euros anuales, con diferente máximo según los ingresos del contribuyente (el 10,05% sobre un máximo de 9.015 euros de alquiler para las personas cuya base imponible no supere 12.000 euros (ingresos de 16.000 euros en declaración individual y de 20.000 euros en declaración conjunta) y para las bases imponibles comprendidas entre 12.000 y 24.020 euros (ingresos de 29.000 euros en declaración individual y 33.000 euros en conjunta) la base máxima sobre la que se aplica el porcentaje de deducción será el resultado de restar a 9.015 euros el resultado de multiplicar por 0,75 la diferencia entre la base imponible del contribuyente y 12.000 euros).
Para poder beneficiarse de la cuantía máxima de deducción (10,05% de 9.015 euros = 906 euros/año o 75,5 euros/mes) hay que ganar menos de mil euros al mes y pagar al menos 750 euros al mes de alquiler, algo poco probable por inviable. Es prácticamente imposible que las unidades familiares de menores ingresos y con bajas cuotas integras (lo que correspondería pagar en concepto de IRPF, antes de compensar con las retenciones) se beneficien realmente con una medida, que de todas maneras supone una ayuda mensual muy moderada. Las unidades familiares con mayores bases imponibles (entre 12.000 y 24.020 euros) aunque se beneficien de una ayuda de cuantía inferior serán previsiblemente las que concentren gran parte del gasto de esta deducción fiscal.
El gasto en vivienda en la legislatura 2004-2008
El gasto en materia de vivienda ha aumentado sensiblemente a lo largo de la legislatura y se ha duplicado en términos nominales respecto al último presupuesto del anterior gobierno. El aumento ha sido más elevado en el gasto directo de la política de vivienda y algo menor entre el gasto en beneficios fiscales que no obstante sigue representando la mayor parte y demás está infraestimado. No obstante el esquema de actuación en materia de vivienda por parte del Gobierno Central apenas ha variado en estos años: el gasto en vivienda se articula mediante gastos/beneficios fiscales. El gasto directo en política de vivienda ha aumentado en mayor medida, pero no lo suficiente para modificar la situación. Por el destino de los fondos, la promoción de la construcción de viviendas en propiedad y la adquisición de las mismas eran y son el principal destino. El alquiler, tímidamente, se va abriendo paso en las políticas de vivienda, pero sigue siendo minoritario.
La política de vivienda en la actual legislatura
El Gobierno del PSOE planteó el problema del acceso a la vivienda en España como una de sus teóricas prioridades políticas. A lo largo de la actual legislatura (2004-2008) el Gobierno ha ido jalonando su quehacer en política de vivienda de gestos mediáticos, con poca repercusión real sobre las consecuencias del problema de la vivienda y ninguna sobre sus causas. Desde la propia creación del Ministerio de la Vivienda -con un presupuesto insuficiente y sin la capacidad ni autonomía necesarias para legislar decididamente en las pocas materias sobre las que mantiene las competencias- siguiendo por el inmediato y virtual Plan de choque (verano de 2004) -del que nunca más se supo-, la fallida y no dotada Sociedad Pública de Alquiler, el Plan de vivienda (2005-2008) -continuista con los planes de anteriores gobiernos, aunque con más dotación presupuestaria-, la nueva Ley del suelo (2007) -que retoma postulados de leyes del suelo anteriores a la del PP que en el pasado tampoco evitaron la especulación-, y el último Plan de medidas de fomento de la emancipación y del alquiler (2008) -un conjunto de incentivos económicos al alquiler que es muy posible que terminen perjudicando (o tengan un efecto neutro) a los inquilinos y favoreciendo, una vez más, a los propietarios-.
Esta actividad frenética se ha visto más caracterizada por publicitados anuncios, que en el mejor de los casos, anticipaban con mucha antelación las hipotéticas actuaciones a realizar. Es decir, se ha vendido hoy como solución y éxito inmediato medidas y propuestas que se desarrollarán y aplicarán en el futuro, y cuyo resultado final es todavía una incógnita. El Gobierno ha abordado aspectos claves (plan de vivienda, ley del suelo, apuesta por el alquiler) muy condicionado, sin una libertad y capacidad plena de actuación, con una cicatería presupuestaria que ha impedido impulsar algunas medidas importantes ante la resistencia inicial de comunidades autónomas y otros agentes; y adoptando medidas continuistas (fallidas en el pasado) e introduciendo otras que pueden agravar aun más el problema.
*Luis Zarapuz es economista del Gabinete Técnico de CC.OO.
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