REPORTAJE EN "EL DÍA DE CUENCA"

CAEN LAS TRANSACCIONES INMOBILIARIAS UN 40%

M.S. GALINDO/A.VELAYOS
CUENCA

Una de las formas de medir si realmente hay crisis en el sector del ladrillo, o más bien, como los expertos y los empresarios prefieren decir, porque no creen que sea para tanto, desaceleración en el sector, es ver la evolución de las transacciones inmobiliarias, compraventas que deben pasar por notario.

En Cuenca se han reducido estas transacciones cerca de un 40% en el último semestre del año pasado, y en los primeros meses de este 2008 la tendencia es similar.

Son los datos que manejan los notarios, que tampoco quieren ser pesimistas, porque creen que el mercado va a coger de nuevo el pulso normal y a recuperarse. "Soy optimista", decía a EL DÍA Jesús Domínguez, notario en Cuenca y miembro de la junta directiva del Colegio Notarial de Albacete, al que pertenece nuestra provincia. "Estamos viviendo un ajuste del mercado, la gente está esperando antes de comprar a que se despeje la situación, por ejemplo, en el tema de las ayudas, que dependen mucho del resultado de las elecciones", apuntaba.

URBANISMO CIUDADANO Y EL RECINTO FERIAL

LA LEY, EL RECINTO FERIAL, O LA EXCUSA PARA

UN GRAN “PELOTAZO” URBANÍSTICO

No habría que recordar que el Ayuntamiento de Cuenca tiene la obligación de cumplir la Ley; y cuando se dice Ayuntamiento, se dice Alcalde, Concejales y técnicos responsables. Y no solo de cumplirla, sino de hacerla cumplir y de denunciar cualquier actuación ilegal o irregular que conozcan.
Además hay otros organismos que también tienen encomendado la vigilancia en el cumplimiento de la Ley en materia urbanística, como las unidades correspondientes de la Guardia Civil, e incluso, la Junta de Comunidades debe intervenir en caso de que de forma flagrante, el Ayuntamiento implicado no lo haga. Que se trajeran al Presidente Barreda a poner la primera piedra del Recinto Ferial, no le otorga la legalidad necesaria a las obras, más bien pudo ser una trampa, quizás intencionada, para pretender legitimarlas.
Ahora se ha conocido, a raíz de una nota de prensa de IU, lo que ya se intuía; que en el asunto del Recinto Ferial de Cuenca no se está cumpliendo la Ley. Todos lo reconocen de una manera u otra. Ateniéndonos a ella, las obras son ilegales pues no se ajustan a la ordenación urbanística vigente y se carece de los informes preceptivos y vinculantes de la Confederación Hidrográfica del Júcar, al estar construyéndose dentro de la zona de policía. Incluso en el caso de que estos informes al final fueran favorables, la obra seguiría siendo ilegal, pues la propia Ley de Ordenación del Territorio establece que las obras que sean contrarias a la ordenación territorial y urbanística vigente son ilegales, aunque estuvieran legitimadas por algún acto administrativo.
El proyecto de Plan de Ordenación Municipal, (POM), no legaliza esas obras, ya que aún no ha sido aprobado; y pudiera suceder que cuando se apruebe, no se pueda legalizar lo ya construido si se sigue adelante. No se puede ni se debe predeterminar ya de antemano lo que dirá el organismo competente para la aprobación definitiva del POM, sobre lo que se puede hacer en esos terrenos.
Pero lo más sustancial de esta obra no es la obra en sí y su utilidad, (nadie está en contra de que se construya un Recinto Ferial, de forma legal claro), ni siquiera el saber si está en zona inundable, pues ya sabemos todos que sí lo está, incluidos los redactores del proyecto. Otra cuestión es sí se puede construir en esa zona o no, aún considerando que no se debería. La vigente Ley de Suelo dice que los terrenos excluidos de su transformación mediante la urbanización por la legislación de “policía del dominio público”, y los que tengan riesgos de inundación, deben encontrarse en la “situación básica de suelo rural”. Ello además sin recordar que el artículo 11 de la Ley de Aguas establece que los terrenos que puedan resultar inundados “conservarán la calificación jurídica y la titularidad dominical que tuvieran”.
Estos aspectos que recoge la legislación vigente, se las recordó URBANISMO CIUDADANO a todos los grupos del Ayuntamiento de Cuenca y al Alcalde directamente, mediante un escrito registrado el día 27 de julio de 2007.


Lo más sustancial en este asunto es su financiación y las implicaciones urbanísticas que tiene esa financiación.
Esta obra se esta financiando en base a un convenio urbanístico firmado por el Alcalde Cenzano y el grupo DAVECON, que no ha pasado todos los trámites obligatorios para su aprobación y por ello, su ejecución al día de hoy podría ser considerado un acto administrativo nulo de pleno derecho.
Con ese convenio se pretende la recalificación y reclasificación de un buen número de metros cuadrados que en el Plan General de Ordenación Urbana vigente están destinados a zonas verdes y de equipamiento y que son o deberían ser casi en su totalidad, de propiedad municipal.
Sin embargo una parte muy importante de esos terrenos, (la mitad aproximadamente) llegó a manos del grupo empresarial DAVECON, que aún sabiendo su destino en la ordenación urbanística del vigente Plan General de Ordenación Urbana, los compró.
A partir de ese momento, lo que se pretende es impedir que el Ayuntamiento se haga con la propiedad de 42.979 m2 de suelo destinados a equipamiento, (propiedad que debería haber adquirido cuando aprobó todos los Programas de Actuación Urbanizadora de los sectores de suelo urbanizable en los que se contempla la edificabilidad necesaria para su adquisición), privándonos a todos de ese espacio público de inestimable valor; y destinarlos a usos residenciales con una alta densidad, quedando definitivamente en manos de DAVECON. A cambio, este grupo empresarial hace una pequeña “donación” para la construcción del Recinto Ferial, a través del mencionado convenio urbanístico.
El Ayuntamiento de Cuenca acepta esa donación más otra parte importante de dinero a cargo de aprovechamientos urbanísticos inexistentes al día de hoy, pues el convenio no está aprobado y la recalificación y reclasificación que implica tampoco. Su aprobación debe hacerse en el marco del nuevo POM y para eso queda mucho tiempo. Hasta tanto no se apruebe ese POM no puede considerase válido ese convenio. Por cierto, POM y convenio que han recibido un número importante de fundamentadas alegaciones, entre ellas, las del partido que presentó para Alcalde al Sr. Pulido.
Pero es que además, según nuestro criterio, si aplicamos la actual legislación sectorial y urbanística, las estipulaciones de ese convenio y esa reclasificación propuesta, no podrían aprobarse en los términos en que están planteadas.
También se puede afirmar que el Ayuntamiento de Cuenca, es decir, el Alcalde, los Concejales responsables que votaron a favor, (y los que hacen que se continúe para adelante), más los técnicos que no han hecho las advertencias correspondientes, están incumpliendo además de la legislación urbanística y del dominio público hidráulico, el principio de prudencia que según las normas legales debe regir la gestión presupuestaria y contable del Ayuntamiento, por aceptar unos dineros que están condicionados a un convenio y a una reclasificación que podrían llegar a no poder aprobarse.
El interés general, en un Estado de Derecho, pasa por el respeto a las Leyes y a los procedimientos administrativos en los que la participación ciudadana está establecida a través del obligatorio trámite de información pública. Pero, ¿y si además, en defensa del interés general, la mayoría opinara que los cerca de ocho millones de euros que cuesta el Recinto Ferial se deberían dedicar a otras actuaciones de mayor interés social?. ¿Y si opinaran que las formas de obtener los recursos, reclasificando suelos públicos de equipamientos para usos residenciales de uso privado no les convence?. Porque hay una cuestión imperdonable en todo este asunto, y es que el Ayuntamiento, o sea, las personas responsables de antes y de ahora, nunca han querido decir ni explicar claramente, ni siquiera en el Consejo Social, las formas de financiación de esta obra.

Cuenca, 11 de febrero de 2008

ANEXO

En la fotografía aparecen los terrenos, (denominados Sistema General de Equipamiento QG-101A), que el Ayuntamiento debería haber adquirido con cargo a los excedentes de edificabilidad de los sectores de suelo urbanizable del área de reparto del II cuatrienio del Plan General de Ordenación Urbana vigente.
Sin embargo la mayor parte de esos terrenos los ha comprado DAVECON y en el convenio suscrito con el Alcalde de Cuenca en enero de 2006, se pretenden reclasificar para usos residenciales con la mayor densidad que permite la Ley.

CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE, QUEDA BIEN COMO SLOGAN, PERO NO ES UNA PRIORIDAD

Mar Soler y Soraya González,

Redacción DIAGONAL

A diferencia del PP, el PSOE no ha tenido ningún problema en asumir que la degradación medioambiental es un problema y que hay que proteger nuestro hábitat. Ha sabido desmarcarse del trasvase del Ebro (incluido en el Plan Hidrológico Nacional del PP), declararse antinuclear y abanderar la lucha contra el cambio climático. Pero a la hora de la verdad, de traducir las buenas palabras en políticas reales, Medio Ambiente ha seguido siendo el Ministerio ‘menor’ y las políticas medioambientales han estado supeditadas al crecimiento económico de la construcción y las grandes infraestructuras.

Del Ministerio de Medio Ambiente salieron muchas medidas y planes –pocas leyes– elaborados, seguramente, por personas competentes y que creen en lo que hacen. Pero como las recomendaciones que hace la ONU, todo, o casi todo, se queda en papel mojado. Muchas de las leyes y planes para proteger el entorno y nuestra salud que se han aprobado (Ley de calidad del Aire, Ley del Suelo, Planes de Movilidad, el Código Técnico de Edificación, etc.) dependen en su aplicación de las CC AA, lo que aumenta su arbitrariedad. Y los Ministerios con más fuerza, como Fomento e Industria (sólo hay que comparar las partidas presupuestarias de cada uno) cortocircuitan con sus planes estratégicos leyes y medidas de protección del entorno, como la Red Natura 2000. A continuación, un resumen sumario de las principales medidas.

TERRITORIO
En materia de gestión del territorio se han elaborado leyes que apuestan por la protección del entorno, como la Ley del Patrimonio Natural y Biodiversidad, mientras paralelamente se aprueban otras que persiguen sacar la mayor rentabilidad a costa de la destrucción del paisaje.
Se empezó con la retirada de Plan Hidrológico Nacional del Gobierno del PP, pero las políticas de urbanismo e infraestructuras que se han llevado a cabo quedan lejos de apostar por una nueva cultura del agua, que implica un cambio más profundo del modelo. Con una nueva Ley del Suelo que dice contrarrestar las tendencias especulativas, en realidad se está preparando el terreno para un nuevo boom inmobiliario a través del abaratamiento del suelo rústico. Se crean nuevas desaladoras para evitar la sobreexplotación de acuíferos y ríos, pero una gran parte de este agua es para cubrir servicios turísticos y nuevas urbanizaciones con campos de golf.

A principios de 2007 se aprobó la Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera con el objetivo de adecuarse a las directivas europeas y garantizar a la población un aire menos nocivo, pero se pasó por alto un punto que calificaron como “un error”: no se contemplaban ni los yates ni los aviones para el nuevo modelo de impuestos (ahora basándose en las emisiones de CO2 en vez de en la cilindrada). Tampoco parece coherente esta preocupación por la calidad atmosférica mientras se aprueba el Plan Estratégico de Infraestructura y Transporte que plantea la construcción de 6.000 km más de autovías y 9.000 km nuevos para líneas de Trenes de Alta Velocidad. Este plan ha obtenido todo tipo de denuncias por parte de la sociedad civil que no entiende cómo las construcciones previstas (muy lejos de las necesidades reales) son la primera etapa de un plan que, a partir de 2013, busca conducir el transporte hacia la sostenibilidad. ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO El Gobierno del PP nunca incluyó en su política nacional el problema del cambio climático, a pesar ratificar el Protocolo de Kioto en 2001 y comprometerse a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero un 15% respecto a 1990. Cuando el PSOE asumió la candidatura, las emisiones sobrepasaban el 45%. Lo tenía difícil, sí, y en cuatro años no se cambia un modelo de consumo y producción energética basado en el despilfarro y la dependencia de los hidrocarburos. Sin embargo, la preocupación que destilan sus discursos no se corresponde con las medidas adoptadas. Muchas son transposiciones de la directiva europea, con sus aciertos y sus coladeros. La entrada en vigor del mercado de comercio de emisiones europeo en 2005 ha exigido la elaboración de planes anuales donde se fijan los topes de contaminación a algunos de los sectores contaminantes. El Gobierno socialista no sólo ha aplicado sus rebajas en su segundo Plan (reducir las emisiones un 15% era demasiado y lo han dejado en un 24%), sino que ha sido muy benevolente con las empresas afectadas, especialmente con las eléctricas. Además de regalarles toneladas de derechos de contaminación gratuitos, les brinda todas las facilidades para cumplir Kioto sin dejar de contaminar. La herencia, por otra parte, de un mercado eléctrico liberalizado por el PP ha dejado a la discrecionalidad de las eléctricas (nacionales y extranjeras) la inversión en centenares de centrales térmicas por todo el territorio más allá de las necesidades energéticas. Conseguir que en 2010 el 12% de la energía primaria sea producida con fuentes renovables es insuficiente si sigue una política continuista del PP en el sector energético. Tampoco se ha regulado seriamente la contaminación del transporte (principal responsable del calentamiento global) ni el consumo energético residencial (ambos no incluidos en la directiva europea), pero el Código Técnico de Edificación es un paso adelante en eficiencia energética. Ha sido importante que la postura oficial no sea pronuclear. Pero si no se han construido más centrales nucleares ha sido porque no son rentables en un sector liberalizado. Otra cuestión es el cierre de las centrales existentes.

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

En marzo de 2007 se aprobó la Ley de Responsabilidad Ambiental (ver DIAGONAL nº 53) como respuesta al mandato constitucional según el cual la ciudadanía tiene derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado. Quienes lo impidan están obligados/as a reparar los daños causados (Art.45.3). “Quien contamina paga”, lo cual es todo un avance legislativo en términos ecológicos. Sin embargo, sólo se circunscribe al territorio español, un gran vacío que los grupos ecologistas han denunciado, ya que implica que la larga lista de transnacionales españolas que realizan sus actividades fuera del Estado quedan exentas de responsabilidades. Tampoco se considera la posible contaminación nuclear ni la que afecta a la atmósfera ni a las aguas marinas. Casos derivados de las actividades de defensa nacional o seguridad internacional, de traslado de residuos fuera de la UE, de contaminación por hidrocarburos o por transporte de sustancias nocivas o potencialmente peligrosas quedan también fuera de la legislación. Para el resto de casos, en los que se exigirán responsabilidades por ley, se reserva una cláusula que establece que la Administración podrá eximir del pago del agente contaminante cuando lo considere necesario.

LOBBY ECOLOGISTA EN LA RECTA ELECTORAL

Muchos grupos sindicales y ecologistas comprometidos, sin cesar su labor de denuncia en la ‘calle’, han aprovechado el buen talante del Gobierno de Zapatero para estar en mesas de negociación y tratar de incluir sus propuestas ecológicas. Como otros años, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF/Adena, han elaborado un ‘recetario’ de propuestas con el objetivo de alimentar el debate ambiental durante la campaña previa a las elecciones.

* Reducción drástica de las emisiones de efecto invernadero, ahorro energético y renovables: con una ley (no planes ni medidas) contra el cambio climático sin parches de lavado verde, una planificación energética, una ley de energías renovables, una fiscalidad ecológica y una moratoria de centrales térmicas, además del cierre de las nucleares.

* Movilidad sostenible: revisando el PEIT y paralizando las obras que atentan contra el Plan sobre Red Natura 2000, con una Ley de Movilidad Sostenible.

* Aire limpio: con una ley que regule los Planes de las CC AA y municipios y aplicando la directiva sobre techos nacionales de emisión, sistemáticamente incumplida.

* Urbanismo responsable y biodiversidad: con un plan de jueces especializados en especulación y un Plan Nacional del Patrimonio Natural y una Oficina española de Especies Amenazadas.

* Nueva cultura del agua:con una nueva Ley del Agua y la restauración del dominio público hidráulico.

* Agricultura sostenible: con un Plan Nacional de Reducción de Agroquímicos.

QUE A NADIE LE SORPRENDA LO QUE PUEDE SUCEDER EN EL FUTURO

Escrito de URBANISMO CIUDADANO, dirigido al Alcalde y a los tres grupos municipales, REGISTRADO el día 27 de julio de 2007.

SOBRE LA ZONA INUNDABLE DE LA
“ALAMEDA DEL JÚCAR”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Están proyectadas diversas obras de urbanización y edificación en la llanura de inundación del río Júcar en la zona conocida como “La Alameda”, que han causado polémica en la ciudad. Polémica que se suscita porque gran parte de esos suelos afectados tienen en la actualidad, según el vigente Plan General de Ordenación Urbana, un destino dotacional y de zonas verdes de sistema general, además de estar en zona inundable, lo que es reconocido expresamente por los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar en un informe de fecha 13 de abril de 2007.

El artículo 11 de la Ley de Aguas, (RD 1/2001 de 20 de julio), dice que “los terrenos que puedan resultar inundados durante las crecidas no ordinarias de los lagos, lagunas, embalses, ríos o arroyos, conservarán la calificación jurídica y la titularidad dominical que tuvieran”, y que “los Organismos de cuenca darán traslado a las administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del suelo, y en particular, en las autorizaciones de uso que se acuerden en las zonas inundables”.

En el año 2004 se realizó un estudio por la empresa OFITECO, financiado por la Confederación Hidrográfica del Júcar, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha y el Ayuntamiento de Cuenca, en el que se obtenía el caudal máximo de crecida ordinaria (M.C.O.) que resultaba en un valor de 200 m3/seg.
Con este caudal de 200 m3/seg., que según lo señalado en ese estudio está calculado de acuerdo con lo que establece el articulo 4 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y que es la media de los máximos caudales anuales, en su régimen natural, producidos durante diez años consecutivos que sean representativos del comportamiento hidráulico de la corriente, se producía inundación con calados máximos entre 1 y 1,5 metros.
Ello teniendo en cuenta además que ese estudio está realizado con datos de las estaciones de Cuenca desde 1946 y que según el artículo 14 del reglamento citado anteriormente, deben considerarse zonas inundables las delimitadas por los niveles que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo periodo estadístico de retorno sea de quinientos años.

Igualmente se hace necesario para delimitar correctamente el cauce y sus márgenes, teniendo en cuenta el caudal máximo de crecida ordinaria, (art. 4 de la Ley de Aguas), y fijar la zona de servidumbre y de policía, que se proceda al deslinde correspondiente de acuerdo con lo señalado en el artículo 28 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional.

Asimismo, hay que tener en cuenta lo establecido en el artículo 12 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, que señala que el suelo con riesgo de inundación debe encontrarse en la situación básica de “suelo rural”, con las limitaciones en los usos que ello implica, e igualmente, lo establecido en su artículo 15.2 que señala que los instrumentos de ordenación de actuaciones de urbanización deberán incluir un “mapa de riesgos naturales”.

Por último, recordar que la autorización otorgada con fecha 31 de mayo por la Confederación Hidrográfica del Júcar para la realización del “proyecto de urbanización y edificación” del programa de actuación urbanizadora de la U.E. 37 del P.G.O.U. de Cuenca, está “condicionada a la realización de una obra en el puente de la avenida de San Julián de modo que para una avenida para un periodo de retorno de 500 años en el cauce del río Júcar a su paso por la zona, se asegure que no se produce afección al régimen de corrientes ni afección a terceros”.

Esta obra de permeabilización del puente requiere autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar y deberá ser ejecutada antes de la finalización de las obras en esa U.E. 37, lo que implica la existencia de compromiso por parte del Ayuntamiento previo al “otorgamiento de la correspondiente licencia urbanística municipal”.

Todas estas cuestiones revisten además vital importancia en estos momentos en los que se está elaborando el nuevo Plan de Ordenación Municipal.

Por todo ello proponemos que el Pleno del Ayuntamiento adopte los siguientes:

ACUERDOS:

1.- Solicitar a la Administración General del Estado (Ministerio de Medio Ambiente) que, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, proceda al deslinde del dominio público hidráulico en los cauces de los ríos a su paso por el término municipal de Cuenca, para que sea tenido en cuenta en el nuevo Plan de Ordenación Municipal.

2.- Solicitar a la Administración autonómica (Consejerías de Ordenación del Territorio y Vivienda y de Medio Ambiente), competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo y en evaluaciones de impacto ambiental, que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Aguas y en la Ley del Plan Hidrológico Nacional, recabando la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Júcar, elaboren una cartografía de riesgo delimitando las zonas inundables para poder llevar a una gestión eficaz de las mismas en el término municipal de Cuenca.

3.- Suspensión cautelar de todas las obras o actuaciones previstas en la zona de la “Alameda del Júcar”, hasta la aprobación definitiva del Plan de Ordenación Municipal que deberá elaborarse de acuerdo con lo señalado en los dos puntos anteriores.

¿QUIÉN ASESORA AL ALCALDE?, ¿LOS CONSTRUCTORES DE DAVECON?

BOSQUE DE ACERO
«Puede que la zona del ferial sea inundable»
Pulido admite que el área donde se ubica puede sufrir inundaciones y defiende que ello no tiene que suponer parar las obras.

J.J.D. / CUENCA
El alcalde reconoció ayer que la zona en la que se ubicará el próximo ‘Bosque de Acero’ y Recinto Ferial diseñado por Moneo podrían ser de carácter inundable. «No lo sabemos todavía pero no sería extraño que así fuera», admitió Francisco Pulido ante las preguntas de los periodistas.

El primer edil recordó que el Ayuntamiento está pendiente de un informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre la inundabilidad de estos terrenos cercanos a la ribera del río pero destacó que ese estudio «no es vinculante», es decir, que sólo es una informacíón técnica que se aporta pero que no prohibiría o imposinlitaría la construcción del Recinto Ferial.

Según aseguró Pulido este informe la única función legal que tendría, además de la de asesorar e informar, sería la de eximir a la Confederación de posibles responsabilidades o pago de daños si se produce una inundación «y se estropean, por ejemplo, elementos del edificio».

Restó importancia a la cercanía al río ya que defendió que «el ferial ya lleva ahí mucho tiempo independientemente del edificio» y consideró que «si llueve mucho no va haber ni gente ni feria en ese lugar». Para apuntar su tesis recordó como la popular calle del Agua se llama así por las crecidas que soportaba.

No obstante, Pulido dejó una prudente puerta abierta al afirmar que existe una pequeña posibilidad de cambiar esos planteamientos «si el informe señala que es algo exagerado, o muy peligroso o ilegal».

Sí que dijo que había que mirar con más calma la advertencia de IU de que las obras del ‘Bosque’ copen una zona de servidumbre muy próxima a la ribera en la que está prohibido construir porque esa titularidad no pertenece a ninguna institución en concreto.

reunión. Por otro lado, la reunión que se mantendrá entre el Consistorio, la empresa constructora Acciona y la familia Moneo se ha aplazado a mañana.

BASTA DE FINANCIACIÓN PÚBLICA PARA LOS ESPECULADORES

"Ese día sacaremos de nuevo a la calle nuestras reivindicaciones"
V de Vivienda llama a la movilización el 1 de Marzo
"en medio de la desvergonzada subasta de promesas electorales"

laRepublica.es / vdevivienda.net

"V de Vivienda" ha llamado a la ciudadanía a la movilización el próximo 1 de Marzo "tras casi dos años de lucha por hacer efectivo el derecho a la vivienda". El comunicado emitido por el colectivo señala que "vivimos un cambio de etapa que realmente es un cambio de estafa: del engaño del nuncabajismo y de considerar la vivienda un bien de inversión eternamente rentable, pasamos al engaño electoralista perpetrado por los partidos políticos que, aludiendo ahora al derecho a la vivienda, no hacen más que ayudar con financiación pública a los beneficiarios del boom inmobiliario que han sido los responsables del problema".
Para "V de Vivienda", ejemplos de este engaño masivo son "medidas" como el llamar renta básica de emancipación a las ayudas de 210 euros, o como el denominar vivienda pública tanto a stocks sobrantes que no puede vender el sector privado como a promociones futuras que no se destinarán a alquiler social sino a engrosar el libre mercado.
Por esto, convocan de nuevo a la ciudadanía el 1 de Marzo, "justo en medio de la desvergonzada subasta de promesas electorales". "Ese día sacaremos de nuevo a la calle nuestras reivindicaciones", advierten.
El comunicado aclara que cada una de las asambleas trabaja de forma autónoma en su propio entorno local, y que en el primer encuentro estatal han comprobado que se comparten "una serie de propuestas con las que combatir la especulación y el urbanismo salvaje", que enumeran:
1. Moratoria en la ejecución de planes urbanísticos mientras estos no sean guiados por el interés general, concretado este en una efectiva participación de la ciudadanía.
2. Transparencia en los datos relativos al derecho de acceso a la vivienda: censo de pisos vacíos, censo único de solicitantes de vivienda, censo de propietarios del suelo.
3. Inversión del proceso de depredación del espacio medioambiental y del tejido social de los espacios urbanos.
4. Creación de un amplio parque de vivienda pública en alquiler social capaz de responder a la demanda real de la población excluida por el mercado. Para ello, se dará prioridad al uso de los pisos vacíos sobre el de nueva construcción.
5. Despenalización de la reutilización de espacios en desuso.
6. Asunción por parte de las empresas financieras de su responsabilidad en el elevado e insostenible endeudamiento de las familias.
7. Medidas fiscales que penalicen efectivamente la especulación inmobiliaria.
"El 1 de Marzo demostraremos que no nos dejamos engañar. Se ha terminado el tiempo de las estafas. Por una vivienda digna", finaliza el comunicado.

OBRA IRREGULAR O ¿SIMPLEMENTE ILEGAL?

IU SOLICITA LA PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS DEL RECINTO FERIAL, INAUGURADAS POR BARREDA HACE UN AÑO, QUE NO CUENTAN CON AUTORIZACIÓN DE LA CHJ
Para IU es una obra irregular y una imprudencia administrativa y presupuestaria

(Cuenca, 31 de enero de 2008)Izquierda Unida de Cuenca ha recibido la respuesta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) a un escrito enviado a este organismo público el pasado 12 de noviembre, en el que se interesaba si el Ayuntamiento de Cuenca contaba con las autorizaciones preceptivas para poder desarrollar las obras de la “Consolidación del recinto ferial de Cuenca, urbanización y pabellón acristalado”, más conocidas como del “bosque de Acero” , y cuyo edificio principal dista 60 metros del cauce del rio Jucar y por tanto se encuentra dentro de la “zona de policía” como lo define la normativa en materia de Aguas.
El “jefe de servicio de concesiones y autorizaciones” de esta Confederación afirma que “en la actualidad se encuentran en trámite” dos expedientes cuya solicitud el Ayuntamiento remitió “en fecha 4 de diciembre de 2007”. “Es decir, comentó el concejal de IU, Castellano Bobillo, el consistorio solicita la autorización casi un año después de que el Sr. Barreda, presidente de la Junta de Comunidades, pusiera la primera piedra de una obra que no contaba con los permisos pertinentes y necesarios, además de estar siendo sufragada con ingresos procedentes de los ingresos realizados por la constructora DAVECON, tras el convenio urbanístico firmado entre esta empresa y el anterior alcalde en enero del año 2006, que tampoco ha sido ratificado por el Pleno”

Un convenio por el que se pretende recalificar terrenos, destinados a equipamiento en el Planeamiento vigente (PGOU) para usos residenciales con una alta densidad residencial, sin que ese convenio esté aprobado por el Pleno, sin que esté aprobada la recalificación de esos terrenos y por lo tanto, sin que esté reconocido legalmente el derecho del Ayuntamiento a los ingresos económicos reflejados en el convenio.

Recuerda el responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar que “la emisión de informe y autorización será previa a la ejecución de las obras” y menciona literalmente el artículo 9.3 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RD 849/1986, de 11 de abril): “la ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de policía de cauces precisará autorización administrativa previa del Organismo de Cuenca, sin perjuicio de los supuestos especiales regulados en este Reglamento. Dicha autorización será independiente de cualquier otra que haya de ser otorgada por los distintos órganos de las Administraciones públicas.”

Por otro lado el edil de IU, Angel Luis Castellano Bobillo, ha vuelto a denunciar que por parte del Ayuntamiento y de la Gerencia de Urbanismo no se les ha facilitado los informes jurídicos obligatorios que deberían figurar en el expediente de la mencionada obra del recinto ferial, cuyas obras, como se puede comprobar, apenas han avanzado a pesar de haber transcurrido un año desde la inauguración por parte del Sr. Cenzano y el Sr. Barreda.

Únicamente, y tras varios ruegos y solicitudes, en el mes de diciembre se nos entregaron tres informes técnicos, fechados en enero y marzo del año 2006, y firmados por el arquitecto del Servicio de Planeamiento y Edificación, en los que se abordan cuestiones técnicas, que no jurídicas; y en uno de ellos se reconoce que para poder actuar en el acondicionamiento del terreno, pavimentación, etc., en el ámbito de la UE-36 sería necesario modificar el planeamiento de modo que estos terrenos pasaran a ser sistemas locales o generales de espacios libres-zona verde o de equipamiento, cuestión ésta, que no se ha llevado a cabo, dijo el concejal de IU.

“Ni tiene autorización de la Confederación por cometerse las obras en zona de dominio público, ni se ha modificado el planeamiento previamente para su calificación adecuada y que permita construir en propiedad municipal”, aseveró Bobillo.