blog de la asociación urbanismo ciudadano de cuenca

miércoles, 26 de noviembre de 2008

EL "MUERTO" HEREDADO DEL PSOE Y ASUMIDO POR EL PP

Lo que queda por pagar en las obras del ‘Bosque de Acero’.
El Ayuntamiento ya ha desembolsado 1,8 millones, pero el coste total ronda los 7,5.
Una parte del montante se autorizó en la última reunión de la Junta de Gobierno Local.
PABLO GUTIÉRREZ / LA TRIBUNA DE CUENCA
El coste del ‘Bosque de Acero’, el recinto ferial presentado por el prestigioso arquitecto en colaboración con sus hijas, ronda los 7,5 millones de euros y hasta la fecha el Ayuntamiento ha pagado 1,8 millones.
Esta obra se adjudicó a a la empresa Acciona en el anterior mandato, cuando los socialistas gobernaban el Ayuntamiento, pero lleva retraso y cuando se produjo el cambio de poder tras las elecciones municipales aún no estaba terminada. El actual Gobierno del PP se esfuerza para sortear las dificultades y continuarla.
El nuevo recinto ferial se encargó en medio del ‘boom inmobiliario’, cuando los cuantiosos ingresos procedentes del Urbanismo engordaban las arcas municipales, un panorama económico distinto al actual, deprimido por la crisis.
La teniente de alcalde, María de los Ángeles García, informó ayer de que en la Junta de Gobierno Local celebrada este lunes se aprobó una certificación referida a las obras del ‘Bosque de Acero’ por un importe de 110.637 euros. Es el última cantidad aportada hasta la fecha al nuevo recinto, pero todavía quedan por pagar 5,7 millones de euros. Problemas técnicos y económicos han retrasado la ejecución del nuevo recinto ferial de Moneo para Cuenca.
El ‘Bosque de Acero’, un pabellón con estructuras de metal y vidrio que imitan la forma de un árbol, tenía un plazo de ejecución de siete meses. La primera piedra se colocó en enero del año pasado, de manera que ya debería estar terminada. En todo este tiempo incluso ha cambiado su jefe de obra.

miércoles, 19 de noviembre de 2008

EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA DEFINITIVAMENTE EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CUENCA


Tirón de orejas judicial al mandato de Cenzano en Cuenca


Eldigitalcastillalamancha.es
José Manuel Martínez Cenzano, ex alcalde socialista de Cuenca y actual Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha

El Tribunal de Cuentas cuestiona en su informe de fiscalización de los años 2004 y 2005 las cuentas del Ayuntamiento de Cuenca, gobernando entonces por Martínez Cenzano. 19 de noviembre de 2008. El Tribunal de Cuentas ha aprobado el Informe de Fiscalización del Ayuntamiento de Cuenca relativo a los ejercicios 2004 y 2005, época en el que gobernaba el PSOE con José Manuel Martínez Cenzano en la Alcaldía, y recomienda al Consistorio que revise los procedimientos y criterios contables y presupuestarios e insta, en función de la situación financiera de la entidad, a la elaboración de un Plan Sistemático de Saneamiento.
En el informe del Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso Europa Press y que consta de un total de 26 recomendaciones, este órgano considera que el Ayuntamiento debería adoptar medidas organizativas separando las funciones de contabilidad y fiscalización, ejercidas en la actualidad por la Intervención municipal.
Además, cree que debería completar el contenido de la Relación de Puestos de Trabajo existente con otras determinaciones esenciales, para poder utilizar dicha Relación como instrumento de organización y gestión del personal, y adecuar así los medios personales a las necesidades del Ayuntamiento.
Que promueva procedimientos normalizados
Se aconseja al Consistorio que promueva "procedimientos normalizados" en la contratación municipal y en especial en la tramitación de los contratos menores que deberían limitarse a los casos previstos en la Ley; además de licitar todas las prestaciones "que en la actualidad se vienen desarrollando sin contrato y corregir dicha situación irregular".
Respecto al Presupuestos, el Tribunal de Cuentas cree que el Ayuntamiento debería garantizar que "sea un fiel reflejo del plan anual del Ayuntamiento, que habrá de enmarcarse en otro de carácter plurianual, lo que requerirá una detallada planificación de las inversiones y de los gastos, en especial de los que necesitan la celebración de contratos, así como una adecuada estimación de los ingresos".
También se recomienda la elaboración de presupuestos y previsiones de tesorería de carácter periódico, que le permitan una eficaz y eficiente gestión de los pagos. También a reforzar el control y la supervisión de las actuaciones realizadas en los distintos servicios y, en especial, de la de ingresos y gastos.
Establecer sistemas más adecuados
De otro lado, el Tribunal de Cuentas aboga por que el Ayuntamiento establezca un sistema adecuado de seguimiento y control de los proyectos de gastos con financiación afectada que permita el cálculo de las desviaciones de financiación. En materia de personal, se insta al Consistorio a revisar el Acuerdo Marco regulador de las condiciones laborales del personal funcionario para ajustarlo a la normativa aplicable y a regular, junto a la Sociedad municipal Empuser, el régimen de las relaciones que mantienen.
Entre las recomendaciones del Informe de Fiscalización se apremia al Ayuntamiento de Cuenca a garantizar que la revisión del Plan de Ordenación Municipal que se está tramitando en la actualidad contemple las características del municipio y las previsiones reales de crecimiento, de forma que garantice un "desarrollo urbanístico ordenado y ajustado al modelo de ciudad que se pretenda alcanzar", sin necesidad de su modificación continuada, tal y como ha ocurrido con el planeamiento vigente desde 1996.
Cautelas en la ordenación urbanística
En este sentido, opina el Tribunal de Cuentas que deben establecerse cautelas para garantizar el cumplimiento de la ordenación territorial y urbanística establecida en el planeamiento, especialmente las que vulneran el principio de equidistribución de beneficios y cargas que debe regir la parcelación urbanística."
Deberían aprobarse actuaciones planificadas de control e inspección en materia de urbanismo, e impulsar las actuaciones disciplinarias que se deriven de las anteriores o, en su caso, la exigencia de las penalizaciones a que haya lugar", señala.
Además, cree que la Gerencia Municipal de Urbanismo debería establecer un sistema de registro y archivo que garantice la recepción y custodia de toda la documentación relativa al urbanismo y posibilite su gestión.
El informe recoge que deberían establecerse procedimientos que garanticen "la especial diligencia que requiere la tramitación de las licencias urbanísticas" teniendo en cuenta que se entienden concedidas por silencio administrativo positivo.
Finalmente, el Tribunal de Cuentas recomienda al Consistorio que proceda a formar el inventario individualizado del Patrimonio Municipal del Suelo y establecer los mecanismos necesarios para realizar un adecuado seguimiento y control de los bienes y recursos que lo integran, en aras a garantizar su afectación a las finalidades previstas en la normativa.

lunes, 10 de noviembre de 2008

NO A ESTE PLAN DE ORDENACION MUNICIPAL

ESTE PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
NO DEBE APROBARSE

El proyecto de Plan de Ordenación Municipal (POM) que se sometió al trámite de información pública en el verano de 2006, no debe aprobarse, por irreal, inviable, insostenible y especulativo.

La realidad socioeconómica y urbanística actual, manifestada por la profunda crisis del sector inmobiliario, unida a las iniciativas políticas de las diferentes administraciones que operan en Cuenca, que provocan actuaciones determinantes en el modelo de ciudad y que responden de forma exclusiva a la confrontación partidista y atendiendo en todo caso a intereses especulativos particulares, hacen que el proyecto de POM este descalificado y que por lo tanto, sea una auténtica irresponsabilidad la sola idea de intentar proceder a su aprobación.
Ello, unido a la amplia contestación social que se produjo sobre el mismo en el trámite de información pública y que debería ser tenida en cuenta.
Hay que recordarles a las administraciones con competencias en la materia, (Ayuntamiento de Cuenca y Junta de Comunidades de Castilla la Mancha), que un Plan de Ordenación Municipal debe responder a los intereses generales, es decir, atender los deseos y aspiraciones del conjunto de la ciudadanía y no a las reclamaciones exclusivas de determinados intereses empresariales.
Exigimos de esas administraciones que sean escrupulosas con los procedimientos y normas que deben seguirse para la aprobación del planeamiento urbanístico, respetando en todo momento, antes de dar por aprobados los proyectos, los trámites de información pública a los que obligatoriamente deben someterse, para que la ciudadanía en general pueda mostrar su opinión.
Recordar que ese proyecto de POM, que se elaboro desde la filosofía del “boom” urbanístico que ya se ha desvanecido, planteaba construir tal número de viviendas que hacían posible multiplicar por cuatro el número de habitantes actuales, reclasificaba una enorme cantidad de suelo y provocaba una enorme dispersión en el desarrollo urbano. Ello, sin base alguna en un crecimiento razonable por muy optimistas que fuéramos en las posibilidades de desarrollo de la ciudad.
Su aprobación desde estas premisas tan falsas e irreales, provocaría un enorme coste medioambiental y económico a la ciudad al que deberíamos hacer frente el conjunto de la ciudadanía conquense a través de nuestros impuestos y del deterioro de la calidad de vida.
Recordamos al actual Equipo de Gobierno del Ayuntamiento, que prometió en la campaña electoral que revisaría el proyecto del POM, por lo que su insistencia actual para la aprobación del mismo es una estafa a los electores.
Para URBANISMO CIUDADANO, lo más sensato sería proceder a la elaboración de un nuevo proyecto, en estos momentos además, en los que existe suelo urbanizable más que suficiente para atender las necesidades de construcción de viviendas en los próximos años.
LA NOTICIA
Molina quiere dejar claro que la Consejería no está retrasando los trámites
“Es el Consistorio el que tiene que dar el paso de aprobar o no el POM”
EL DIA DE CUENCA
8 noviembre 2008
El delegado provincial de Ordenación del Territorio y Vivienda, Rodrigo Molina, explicó ayer que aunque las administraciones con competencias en el territorio deben de emitir su informe sobre el Plan de Ordenación Municipal (P.O.M.) de Cuenca, es el Consistorio el que tiene la postestad de proceder a su aprobación inicial.“El Ayuntamiento con la LOTAU (Ley de Ordenacion del Territorio y la Actividad Urbanizadora) en la mano puede dar el paso que conviene ahora, que es la aprobación inicial. Es el Consistorio quien tiene que dar el paso de aprobar o no el POM”, recalcó Molina ayer cuando concluía el plazo inicial dado a las administraciones con competencias para informar sobre la documentación que presentó el concejal de Urbanismo, Pedro Vallejo, en Toledo.Según explicó el delegado provincial, “los técnicos de la Dirección General de Urbanismo lo están mirando y en breve emitirá el informe, pero la LOTAU especifica que un Ayuntamiento puede aprobarlo inicialmente aunque la Consejería de Ordenación del Territorio no informe”.En palabras de Molina será cuando llegue el trámite de la aprobación definitiva cuando se verá si la documentación presentada cumple con todo lo especificado con la LOTAU.Molina quiso aclarar que “el informe de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda no retrasa ni un sólo día la aprobación del POM de Cuenca” que reclaman tanto empresarios como para el desarrollo de la capital conquense.Además de la Consejería de Ordenación del Territorio deben informar también sobre el texto las administraciones con competencias en el territorio, entre ellas el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la demarcación de Carreteras, e Ministerio de Medio Ambiente, las Confederaciones Hidrográficas, Patrimonio, etc...Vallejo confió el pasado 6 de octubre en que la Consejería se pronunciara definitivamente sobre si será necesario volver a exponer al público el Plan Municipal ya que, cuando se expuso en la etapa del Gobierno de José Manuel Martínez Cenzano, se cometieron deficiencias que, si se confirman, provocarían una nueva exposición pública y por lo tanto un retraso en la aprobación definitiva.

martes, 4 de noviembre de 2008

¿Tenemos en España el mejor sistema financiero?

Las deudas inmobiliarias españolas se están volviendo "tóxicas", según el FT
Europa Press 16:58 - 4/11/2008


Los bancos españoles no sólo están expuestos a las hipotecas que han concedido a los compradores de viviendas, sino también a los préstamos que han dado a miles de promotores inmobiliarios y constructores, lo que está convirtiendo estos préstamos en "deudas tóxicas", que supone la mayor amenaza para la salud del sistema bancario español, según el diario británico Financial Times (FT). La promoción de viviendas cae un 50% y los precios seguirán a la baja durante 2 años.
"Los inspectores del Banco de España están estudiando ansiosamente en bancos y cajas los créditos de 50.000 pequeños promotores especulativos, así como de 15 de los grandes", señala el diario británico en uno de sus artículos.
La burbuja de la vivienda
Asimismo, añade que la burbuja española de la vivienda residencial explotó el año pasado, paralizando a los constructores y dejando cerca de 1 millón de nuevas casas y pisos sin vender. "Ahora el mal se está extendiendo a la propiedad comercial y a las obras públicas", reitera.
Al final de junio, los créditos a los promotores de propiedades alcanzaban la cifra récord de 313.000 millones, cerca de 10 veces el nivel a comienzos de la década, mientras los préstamos a las compañías constructoras se situaba en los 156.000 millones, según el Banco de España.
El diario británico apunta a que el colapso de Martinsa Fadesa, uno de los mayores promotores del país, fue parcialmente responsable del surgimiento de una deuda problemática en los bancos de 9.000 millones en julio, y para agosto el total de las deudas problemáticas y dudosas en el sistema bancario alcanzaba los 46.000 millones, o el 2,5% de las deudas. Este ratio podría aumentar en hasta dos o tres veces este nivel, afirmaron los banqueros.
"De cualquier manera, los prestamistas se están aplicando para evitar más colapsos de compañías importantes. Tras el caso de Martinsa, han acordado complicados acuerdos de refinanciación para mantener con vida a constructores y promotores", señaló el rotativo.
La banca es propietaria
Ante este panorama, Banesto dijo en julio que usaría sus sucursales para la venta de propiedades de Reyal Urbis como parte de una 'joint venture' dirigida a ayudar a mantener la compañía a flote. Otras entidades, incluyendo al Santander, han estado intercambiando deuda por activos inmobiliarios durante el año pasado, y algunos han canjeado deuda por títulos, recuerda el FT.
"En la última crisis, las entidades de ahorro se hicieron con muchas casas, y aquello resultó ser el mejor negocio que habían hecho en sus vidas", dijo un funcionario español, según recoge el periódico.
"Aunque aquel truco se pueda repetir, de cualquier manera, el estado del mercado de la propiedad podría hacer que los bancos tarden años en desprenderse de las casas que han financiado y que nunca se deberían haber construido", sentenció el rotativo.

LA BURBUJA Y SUS COMPLICES EN EL REINO DE ESPAÑA



José Manuel Naredo


Que la presente crisis estalló sin previo aviso, inopinada e insospechadamente, es cosa que no se cansan de repetir los peritos en legitimación de lo existente y los intelectuales del establishement en sus distintas variantes. Lo contrario es lo cierto; muchos anticiparon, con argumentos bien fundados, la presente crisis financiera: basta repasar los artículos de Michael Krätke, Michael Hudson, Walden Bello y tantos otros. En lo tocante al estallido de la burbuja inmobiliaria en España, nadie lo predijo con tanta claridad y fundamento como el economista José Manuel Naredo.
La larga duración de la fase alcista del presente ciclo inmobiliario indujo a la población a habituarse a ella como si de algo normal y permanente se tratara. Los diez años de auge crearon hábitos de vida y de negocio muy arraigados. Se presuponía que la continuidad de las subidas de precios de los inmuebles haría siempre interesante su compra, aunque fuera a crédito, reforzando la presión compradora que hacía realidad las revalorizaciones previstas. Sobre estas bases se desarrolló a sus anchas la espiral de revalorizaciones y compras, cada vez más apalancadas con créditos, que caracteriza a las llamadas burbujas bursátiles o inmobiliarias.
Pero la experiencia demuestra que ni los árboles pueden crecer hasta el cielo, ni el auge puede ser permanente, porque genera desequilibrios que en algún momento lo hacen declinar, normalmente, por un estrangulamiento financiero que acaba cortando la mencionada espiral y haciendo que los promotores y compradores más endeudados sufran las consecuencias. Así, desde hace más de un lustro he venido advirtiendo que "cuanto más se prolongue la burbuja inmobiliario-constructiva actual, más inquietantes pueden ser sus resultados, habida cuenta del peso anormalmente alto que tienen los activos [y el endeudamiento] inmobiliarios en el patrimonio de los hogares". Pues, a mi juicio, lo más fácil era prever el desenlace crítico al que conducía el auge inmobiliario; lo verdaderamente difícil era imaginar que el auge podía llegar hasta donde ha llegado, al disponer la economía española –amparada en el euro— de una financiación externa tan inusualmente copiosa y barata. Pero esa misma financiación externa que prolongó tanto el auge fue la que, a la postre, lo acabó estrangulando. Pues España, al erigirse en líder del auge inmobiliario, acabó erigiéndose también en líder del riesgo inmobiliario y desanimando dicha financiación.
Hace ya más de un año, tras constatar en un estudio que la exposición de la economía española al riesgo inmobiliario superaba en todos los aspectos al de los otros países de nuestro entorno, incluido EEUU, concluíamos diciendo que "la suerte ya estaba echada": no cabía evitar la crisis, solo gestionarla lo mejor posible. Pero nada se hizo, y esta gestión resulta hoy más difícil cuando, como preveíamos, el superávit presupuestario se ha desinflado con una rapidez pasmosa sin que antes se hubiera orientado a promover un relevo de actividades que de momento no se vislumbra. Si a esto añadimos que la política económica, al no poder devaluar la moneda, no cuenta ya con este medio tradicional de hacer que la economía española recupere posiciones competitivas que faciliten el relanzamiento de su actividad exportadora, concluíamos que todo "hacía presagiar un estancamiento de larga duración".
Debería ser responsabilidad de gobiernos y analistas evitar con medidas y advertencias que las burbujas alcancen dimensiones que se revelan social y económicamente amenazantes. Pero en España no han predominado la prudencia y la finura en las políticas ni en los pronósticos: los gobiernos han sido tan irresponsables, como raros los analistas que hemos venido advirtiendo desde hace tiempo sobre los peligros del evidente desenlace del ciclo. Como botón de muestra de ambas irresponsabilidades resulta a la vez sorprendente y penoso escuchar a todo un ministro de Economía confesar que la crisis le había pillado desprevenido, haciendo gala ya sea de un cinismo a prueba de bomba o –no se sabe qué es peor– de una incompetencia supina.
En mi opinión, los fallos no han venido tanto de errores de diagnóstico, como de la censura implícita que impedía comunicar que se creía que podía crear "alarma social". Pues me resisto a creer que cualquier analista mínimamente experimentado no supiera que el pulso de la coyuntura económica acostumbra a ser cíclico y que la magnitud del auge y de los desequilibrios originados presagian la magnitud del declive. Y me consta que, entre los economistas más próximos al poder político y/o empresarial, estaba mal visto reconocer públicamente la propia existencia de la burbuja inmobiliaria como no fuera para afirmar, a modo de mantra o conjuro repetitivo, que el "aterrizaje sería suave" a fin de no desanimar a los compradores de inmuebles, ni siquiera en la fase final y más comprometida del ciclo. Así, ni los avisos esporádicos del Banco de España, ni los trabajos de algunos analistas aislados pudieron romper el coro de complacencia entonado por los profesionales, empresarios y políticos de un sector y de un país que acostumbran a premiar la obediencia servil y a despreciar la inteligencia.
Pero la coyuntura económica no se controla con campañas de imagen que nieguen la crisis, ensalcen la solidez de la economía española y refuercen la confianza de los inversores, cuando las cifras dicen todo lo contrario, pues estas mandan más que las campañas. Si la capacidad de financiación de los hogares ya está exhausta de tanto "invertir en ladrillos", si la inversión extranjera en inmuebles ya empezó a decaer hace cuatro años y si ya no se puede obtener, como antes, en el exterior financiación barata y abundante, no hay campañas de imagen que valgan.
La gran irresponsabilidad de los gobiernos no solo estriba en haber negado o soslayado la burbuja inmobiliaria, sino en haberla seguido alimentando hasta el final con potentes desgravaciones fiscales y ocultaciones consentidas de plusvalías, que desembocaron en casos tan sonados como el de Marbella, forzando así el lamentable monocultivo inmobiliario de este país. Todo ello cuando deberían de haberla identificado y gestionado desde hace tiempo para evitar un desenlace tan poco recomendable como al que estamos asistiendo. Situación que además pide a gritos el cambio del actual modelo inmobiliario que, para colmo, nuestros "avanzados" políticos ni siquiera se han planteado.
El gran error político del presidente Zapatero fue, en suma, no tomar conciencia y ni plantear con claridad el horizonte de crisis al que llevaba el auge inmobiliario e iniciar su controlada reconversión cuando ganó sus primeras elecciones, hace ya cinco años. Entonces sí que hubiera sido posible planificar con tiempo el añorado "aterrizaje suave" y la necesaria reconversión "del sector". También entonces hubiera podido culpar a quienes le precedieron de la comprometida situación a la que se veía abocada la economía española. Habría podido esquivar, entonces, la burbuja que le acabó explotando en la cara. Con el agravante de que, al hacer suyo el "España va bien" de Aznar, dio pie a que ahora lo señalen como culpable.

José Manuel Naredo se doctoró en economía en la Universidad Complutense de Madrid y se formó también en Estadística e Historia de la estadística, campo en el que desarrolló una labor considerable. Antes de jubilarse, fue director del programa Economía y naturaleza de la Fundación Argentaria. También dirigió el servicio de Análisis de Coyuntura del Instituto Nacional de Estadística y la sección de Estudios y publicaciones del Crédito Agrícola. Luego de su retiro, fue nombrado profesor honorario en el Departamento de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Madrid y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense. En el año 2000 se le concedió el Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente y, en enero del 2008, el Premio internacional Geocrítica por el conjunto de sus trabajos. Exiliado en Francia entre los años 1960-1970, había trabajado en la OCDE, al tiempo que colaboraba bajo diversos seudónimos con la revista Cuadernos de Ruedo Ibérico, que reunía diversas corrientes de la izquierda antifranquista no ligadas al Partido Comunista y, en particular, una corriente anarquista con tradición en España. En esta revista inició su colaboración con el economista catalán Joan Martínez Alier, profesor de economía en la Universidad Autónoma de Barcelona y uno de los fundadores de la Economía ecológica.

Datos personales

urbanismo ciudadano es una asociación cultural radicada en Cuenca para la defensa de un urbanismo racional, sostenible y patrimonial